Los talleres ilegales generan un fraude fiscal a la Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago del IVA (que no le cobran al cliente final), sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
Concretamente, estos centros ilegales representan ya al 20%
del total, por lo que estamos hablando de alrededor de 10.000 negocios de
posventa que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los
criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las
obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.
Además, dado que los empleados carecen de contrato de
trabajo legal y, por tanto, no cotizan, estos centros clandestinos también
incurren en un fraude laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas
cercanas a los 112,5 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada
taller ilegal tiene una media de 1,5 empleados.
Lógicamente, al margen de los perjuicios económicos que
genera esta actividad sumergida, los talleres piratas también tienen un impacto
negativo para el propio sector automoción. Concretamente, esta competencia
desleal generó a la posventa unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros en
los últimos seis años, agravando la ya de por sí difícil situación que
atraviesa este sector debido a factores como la caída de las matriculaciones (más
de un 60% en los últimos años) o el envejecimiento del parque. En este periodo,
la facturación en el sector de la reparación retrocedió en cerca de un 30%, lo
que explica que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este
periodo.
Concretamente, este sector (que aporta el 1,2% del PIB) ha
perdido entre 2007 y 2013 más de 12 millones de reparaciones anuales como
consecuencia, por un lado, del déficit de matriculaciones que ha reducido en un
40% cuota de vehículos menores de cinco años, los más rentables para el taller;
y, por otro, la creciente antigüedad del parque, donde cerca de un 50% supera
los once años, lo que se traduce en menos pasos por el taller, limitando las
entradas a las reparaciones estrictamente necesarias como son las averías
mecánicas.