230 millones de euros

Los talleres ilegales generan un fraude fiscal a la Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago del IVA (que no le cobran al cliente final), sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).