La ampliación de las Rejas, en peligro

La edil de Centristas de Majadahonda, Mercedes Pedreira, ha pedido hoy al PP que disuelva el consorcio creado por los ex alcaldes de Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, Arturo González, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, todos imputados en el caso Gürtel, para ampliar el campo de golf municipal.

El gerente de este organismo, constituido en 2004, es José Galeote, consejero de la empresa municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla y ex concejal de este municipio, que también ha sido imputado en la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón y cuya destitución, anunciada el pasado lunes por el alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), se espera en las próximas horas.

El denominado Consorcio Deportivo y de Servicio del Noroeste se constituyó con el objeto de ampliar el campo de golf "Las Rejas" que actualmente cuenta con nueve hoyos y está construido en 30 Hectáreas de Majadahonda. El proyecto contemplaba duplicar el número de hoyos y ampliar su superficie hasta las 62 hectáreas en terrenos de los otros dos municipios.

Mientras que Majadahonda cedió a la nueva entidad la gestión del complejo, Boadilla se comprometió a ceder los terrenos calificados como deportivos en el Plan Parcial "Los Fresnos" de su plan general y Pozuelo de Alarcón los terrenos ubicados al oeste de la urbanización Monte Alina.

Sin embargo, tras cinco años, el proyecto se encuentra paralizado en la Comunidad de Madrid a la espera del informe de impacto ambiental, por lo que Pedreira cree que Majadahonda ha cedido competencias a cambio de nada.

"Nuestro Ayuntamiento ha dejado de percibir el canon y el cinco por ciento de los beneficios, destinados, al parecer, a sufragar los gastos de un consorcio que no se sabe bien para qué sirve y del que lo único que ha transcendido ha sido la imputación de su gerente en la Operación Gürtel, imputación que se extiende a los tres alcaldes que constituyeron el mismo", ha defendido la portavoz de centristas.

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), se ha mostrado contrario a disolver el consorcio hasta conocer el dictamen ambiental del Gobierno regional. "Si es negativo, yo seré el primero en echarme para atrás, pero si nos retiramos ahora y el informe es positivo sería una gran pérdida para todos los vecinos", ha opinado.

Esta operación urbanística también despertó los recelos del PSOE de Boadilla del Monte que en los últimos años ha promovido movilizaciones contra el proyecto que supondrá, a su juicio, la tala de 325 encinas, la mayoría centenarias, y la desaparición de 19 hectáreas del Monte de Boadilla.

El portavoz socialista, Pablo Nieto, afirma que el suelo sobre el que se proyecta el ensanche tienen la calificación de "Monte Preservado" y mantiene que el informe ambiental encargado por el Ayuntamiento considera el impacto como "de carácter adverso, directo, permanente, irregular, local, irreversible, recuperable, sinérgico y de magnitud severa".

Un portavoz municipal ha asegurado que el análisis realizado por los socialistas es "parcial y sesgado", y les ha acusado de haber sacado de contexto "frases sueltas de un informe que cuenta de 600 hojas". "Las afecciones que menciona el PSOE sólo hacen referencia a una variable y olvidan mencionar que esos efectos podrían producirse sólo si no se toman las medidas correctoras para evitarlo", aseguran en el Ayuntamiento.

Pero el PSOE responde que "construir un campo de golf sobre un monte tupido supone la desaparición de toda la flora y la fauna del entorno".