El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La ministra ha explicado que esta prohibición se implanta porque ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs) para realizar los ajustes temporales pertinentes durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.
El Consejo de Ministros también ha aprobado revisar de oficio todos los ERTEs que se están aprobando estos días para que, si se observa algún tipo de fraude, obligar a las empresas a devolver "hasta el último céntimo de euro" del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.
En relación a este asunto, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha sostenido que "con la apariencia de querer favorecer a los trabajadores se les está haciendo un daño mayor".
Así lo ha indicado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, donde ha hecho hincapié en que "una cosa es que las personas que ahora mismo se vean afectadas por la crisis y eventualmente perdieran su empleo tengan la cobertura" y otra distinta "condenar a la quiebra a las empresas".
"Si a una empresa, especialmente a las pequeñas y a las medianas, le obligan a mantener unos costes determinados sin que tenga ingresos eso solamente tiene un fin que es la quiebra. Da la sensación de lo que se está queriendo es obligar a unos a pagar a otros hasta que a ninguno de los dos le quede nada", ha subrayado. A su parecer, esto tiene "muy poco recorrido y muy mal aspecto".