Varias reflexiones al hilo de la decisión del Gobierno regional de dar marcha atrás en el proyecto de privatización de la gestión de varios hospitales madrileños. Uno: creo que , a la vista de las resoluciones judiciales que mantenían la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a tres empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste, al presidente regional no le quedaba otra salida que abandonar el proyecto.
En realidad sí tenía otra salida: tirar por la calle de en medio, mantenella y no enmendalla, insistir en el error, darse de cabezazos contra la pared de las mareas. No hubiera sido tan extraño: hemos visto a muchos políticos empecinados en mantener decisiones que el grueso de la población rechazaban. Pero a Ignacio González hay que reconocerle los reflejos de buen político: el sentido común aconsejaba dar un paso atrás, y él lo ha dado. Con tranquilidad, con respeto a los jueces -cosa que no puede decirse de las reacciones de todos sus compañeros de partido-.
Lo segundo, la marcha de Javier Fernández-Lasquetty. No le quedaba tampoco otra opción: probablemente sea uno de los cargos públicos que más se ha "quemado" en el ejercicio de su actividad. Unió su futuro al de las externalizaciones, y ha caído junto con ellas, con toda coherencia.
La pregunta principal, desde mi punto de vista, viene a partir de ahora: ¿qué va a pasar? ¿cómo va a conseguir el Gobierno regional ahorrar las cantidades que precisa para hacer sostenible el sistema público de salud? Que éste sea universal, público y gratuito es un objetivo deseable y por el que merece la pena luchar, pero no nos engañemos: eso hay que pagarlo. Y ahí está la madre del cordero, ¿de dónde va a recortarse para poder abonar la factura sanitaria?