El alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, entrega el campo al proyecto olímpico

Por fin los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tiene confirmada una de sus instalaciones más comprometidas: el campo de golf. Un área de 970.000 metros cuadrados que fue entregado a la organización este pasado domingo y que será uno de los grandes atractivos de los Juegos de Río, por su novedad, ya que hace más de 100 años que el golf no es disciplina olímpica en unos Juegos.

Tras los Juegos, y según el acuerdo del Comite Organizador y el ayuntamiento de Río, su gestión será transferida por 20 años a una entidad pública que promoverá proyectos que "incentiven el deporte en Brasil y en Sudamérica", se asegura desde la alcaldía.

La empresa propietaria del terreno, que aceptó ceder el campo de golf por 20 años para proyectos públicos de incentivo a este deporte de elite en Brasil, obtuvo a cambio el derecho a erguir en sus alrededores 22 edificaciones de lujo, cada una con 22 pisos, en un área construida de 600.000 metros cuadrados.

El campo de golf fue construido en un extenso terreno en el exclusivo barrio de Barra de Tijuca que alberga parte de la laguna de Marapendí, cuyos manglares forman parte de una reserva, y a pocos metros de una de las playas más disputada por los cariocas. El área no había sido urbanizada debido a las restricciones municipales para proteger el entorno. La legislación municipal limitaba la altura de las edificaciones en la región a 6 pisos y restringía el área de construcción para proteger los manglares existentes, pero la alcaldía aceptó cambiar las normas para incentivar a la empresa privada que aceptó construir el campo de golf olímpico.

La alcaldía alegó inicialmente que los dos campos de golf existentes en Barra de Tijuca no cumplían las exigencias hechas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y que era necesario construir uno nuevo, pese a que la modalidad es un deporte de mínimo interés público por ser exclusivo para las clases más acomodadas de Brasil. Paes también alegó el interés olímpico al ser cuestionado por la autorización que otorgó para que el propietario de los terrenos construyera gigantescas torres en un área aledaña a reservas ambientales, en uno de los proyectos inmobiliarios más rentables en la ciudad en muchos años.

La polémica la completó el propio Ministerio Público, que, incentivado por protestas de grupos ecologistas, cuestionó ante la justicia la licencia ambiental concedida por el gobierno regional para autorizar la obra en un área de preservación ambiental.